Resumen: Se apela el Auto que no aprueba el modelo de ejecución individualizada propuesto por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario. La Audiencia desestima el recurso. El art. 100.2 RP es una medida excepcional que exige una justificación individualizada de su pertinencia, como medida de flexibilización del grado. Debe fundamentarse, en un programa específico de tratamiento. Esa excepcionalidad obliga a una interpretación exigente de los presupuestos y requisitos que legitiman su aplicación. La propuesta correspondiente y su aprobación por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, deben reflejar una necesidad que ha de estar vinculada directamente con el proceso de reinserción del penado. Es este proceso de reinserción el que exige un programa específico de tratamiento, que no podría llevarse a cabo sin aplicar la flexibilización que prevé el artículo. El programa ha de identificar, precisamente para su debido control judicial, la necesidad de la medida, la imposibilidad de su ejecución en el interior del centro penitenciario, su relevancia frente a otras alternativas y su provisionalidad o permanencia en el tiempo. El penado pretende se le deje salir tres días a la semana (martes, jueves y sábado), desde las 6.00 hasta las 19.00 h, para trabajar en la venta ambulante en los mercados. Sin perjuicio de los avances del interno, que reducen los riesgos de reiteración de las conductas que han determinado las regresiones en su externalización, no se ofrece justificación del modelo.
Resumen: Recurso de apelación. Dominio público hidráulico. Infracción menos grave por uso privativo de aguas para riego por goteo sin autorización. La Sala confirma la tesis de que estamos ante una infracción continuada pues se trata de la utilización de aguas para riego sin autorización y consiste en una infracción que se ha ido cometiendo en el tiempo sin el correspondiente título para ello. No se aprecia caducidad del procedimiento sancionador pues, pese a transcurrir más de un año desde la incoación hasta la notificación de la resolución sancionadora, debe descontarse el periodo de suspensión de plazos por el COVID. Artículo 3.11 Real Decreto 594/2014, usos consolidados, no eximen de la necesidad de pedir autorización solo permiten regularizar la situación de hecho mediante la concesión administrativa correspondiente. Examen de la cuantificación de los daños causados al dominio hidráulico. Por último, en el supuesto analizado, no cabe alegar confianza legítima toda vez que no existe una expectativa razonable en un regadío de cítricos sin autorización.
